jueves, 30 de marzo de 2017

El bien común como finalidad del derecho a la buena administración pública. Dos críticas al interés general



Por: José Bellido


1.- Derecho, Estado y política en la Historia: breve aproximación

El ser humano es un ser social por naturaleza y en su ejercicio forma una comunidad de hombres con los que convive y coexiste.

Desde Aristóteles la política ha sido una actividad connatural al hombre. Es la physis (naturaleza) del hombre la que permite que se agrupe entre sus semejantes, entre hombres ejercen la libertad política para deliberar, participar y decidir sobre la res publica. Es la polis la ciudad de convivencia, pero coexiste al organizarse en el logos, construyendo un mundo simbólico a través del lenguaje. En el ágora el demos ateniense manifiesta el autogobierno en la magistratura en esa agrupación genera una unidad de hombres, en tanto homogénea es distinta a otra agrupación: lo político. La experiencia ciudadana está en lo cotidiano del debate político (Walzer, 2001, p. 158), en la identidad y responsabilidad que se genera al asumir una posición en la comunidad, en la forja de la philia (amistad) y la fides (confianza).

Por otro lado, el derecho se asociaba con la justicia particular y la distribución de bienes, propio de la justicia conmutativa o la justicia distributiva; sin embargo, ya en la Baja Edad Media, el derecho va asumiendo una dimensión subjetiva asociada a la moral, y donde el ius clásico comenzará a cambiar su acepción originaria del reparto o la acción por términos como dominium (propiedad), uso, libertas, demanda y facultas (Hernando, 2002, pp. 19-26).

Occidente asumió su forma desde la concepción teológica social del Corpus Mysticum, vinculado a la vida virtuosa en la fe y la salvación de las almas, y aunado a la concepción organicista comunitaria del mundo clásico greco-romano, otorgando base a la Cristiandad o la armonía entre la auctoritas sagrada de los pontífices y la regalis potestas de los príncipes, en las que Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Civilización cristiana (u orden cristiano) que tutela el bien común, síntesis inmanente (mutua ayuda entre los hombres) y trascendente (vivencia de la fe cristiana en comunidad para la salvación); es decir, la alianza entre el Trono y el Altar. En ella, siguiendo a Santo Tomás, se reconoce una ley eterna o el plan del Creador  que rige lo existente, identificado con la razón divina que confiere a cada naturaleza partícipe de Él una estructura esencial y un modo de actuar, de la que participa la ley natural que es expresión de las exigencias de la naturaleza humana, conocidas por la rectitud de la razón, y que le obliga hacer el bien y evitar el mal, cuya tendencia se manifiesta en la conservación del ser, conservación de la especie humana y vivir en la sociedad según normas racionales (Ponferrada, 1985, p. 154), emanando bienes propiamente humanos como la vida, el matrimonio y la familia, y la búsqueda de la verdad; es decir, derechos naturales propios de la condición humana de la persona.

Para negar este orden cristiano se instaura la Revolución y su causa en el orgullo que lleva al odio o negación del orden metafísico y religioso, propio del liberalismo; y la sensualidad, cuya rebeldía aboga por el igualitarismo contra toda ley divina, humana, eclesiástica o civil (Correa, 2005, p. 31); es decir, la revolución protestante, la revolución francesa, la revolución comunista y la revolución sexual, que nos acontece.

Asimismo, la ciencia social, especialmente en la enseñanza y estudio de la política, se regocijó en la proliferación de los hechos o acontecimientos políticos que irrumpen en la Historia, mas no realiza una valorización de esos acontecimientos. Herencia de Francis Bacon, quien en el siglo XVII abrió el camino a la Ciencia Empírica e Inductiva, y criticó el Método Científico Deductivo, iniciando así un estudio basado en la constatación que regiría como verdades absolutas. Esta Ciencia Positiva pasó a la Política y originó la Ciencia Política en reemplazo de la Filosofía Política. Aquélla distinguía los hechos y los valores, y profesó que estos dependían de los individuos, mas no pueden existir valores colectivos o una verdad colectiva, para pasar luego a establecer leyes colectivas. Así, la búsqueda del mejor régimen político o la participación del hombre en la ciudad no son relevantes científicamente, sino que importa el estudio del poder (Hernando, 2002, pp. 203-205). De esta manera, la filosofía política fue reemplazada por la historia de la filosofía política, lo que significa reemplazar una doctrina que afirma ser verdadera por una visión general de errores más o menos brillantes. (Strauss, 2006, p. 19).

Más adelante, el Estado liberal parte de los derechos individuales a la vida, libertad y propiedad, como intereses que reconoce la razón desde una concepción subjetivista y cuyo consenso voluntarista es límite al ejercicio del poder, representado por sus organismos e instituciones bajo el principio de legalidad (Lancheros-Gámez, 2009, p. 250). “Bajo esta concepción se pretendía, legítimamente, que la igualdad en la aplicación de la ley, sumada al libre ejercicio de la autonomía privada, permitieran mejorar las condiciones materiales de vida” (Lancheros-Gámez, 2009, p. 250).

El Estado Social de Derecho “alude a una comunidad política en donde sobre las bases de la exigencia establecidas para el Estado de Derecho, se busca ´acomodar´ la convivencia dentro de un orden económico y social con vocación de plasmar la justicia social; y, por ende, genera una sociedad con igualdad de oportunidades para todos” (García, 2005, p. 147).

El Estado democrático no solo estaba garantizado con la presencia de la democracia representativa, sino en el uso del acceso a la representación de la ciudadanía y en la forma de tomar las decisiones, la regla de la mayoría.

En suma, se traslada el bien común por otras representaciones conceptuales, según los derechos individuales y la formas de organización política-histórica o formas de gobierno.


2.- Del derecho a la buena administración pública, el interés general y el bien común

2.1 El derecho a la buena administración pública y el interés general

El jurista español Jaime Rodríguez Arana señala, siguiendo la doctrina y las normas jurídicas europeas, que “(u)na buena Administración pública es aquella que cumple con las funciones que le son propias en democracia. Es decir, una Administración pública que sirva a la ciudadanía, que realice su trabajo con racionalidad, justificando sus actuaciones y que se oriente continuamente al interés general. Un interés general que en el Estado social y democrático de Derecho reside en la mejora permanente e integral de las condiciones de vida de las personas” (Rodríguez, 2008, p. 974). Es más, considera como principal característica a la centralidad de la persona, pues en este Estado de Derecho se está al servicio de la ciudadanía o mejora de sus condiciones de vida (Rodríguez, 2008, p. 977); sin embargo, el interés general, parte, creemos, de tesis racionalistas como la soberanía y la voluntad popular o el interés particular (bajo el ropaje de intereses subjetivistas y materiales dentro del progreso y la posmodernidad), porque se propone un interés general únicamente en el desarrollo de la sociedad y el libre desarrollo de la personalidad o la libre determinación individual; es decir, el interés general responde a las condiciones materiales y subjetivas (Rodríguez, 2010, pp. 30-31).

En sí, el interés general no acoge al bien que mueve la razón y apetece la voluntad, sino que considera cualquier interés humano como legítimo bajo el “ropaje” de derecho y por tanto no asume a la dignidad como su base, pues siendo la naturaleza humana el fundamento de la dignidad humana y condición de las inclinaciones naturales, es decir, fuente de bienes propios o propiamente humanos, el interés general quedaría sin ninguna base absoluta o medida de conductas (administrativas, legislativa y judiciales) que orienten a la sociedad políticas y sus operadores. Esta omisión abriría paso a la “ponderación de derecho” o el abandono de la justicia como virtud y el esfuerzo racional de determinar el contenido (delimitación) de esos bienes o derechos propiamente humanos, cayendo en el neo-constitucionalismo.

Así, el concepto “buena” en la administración pública alude a que no hay un presupuesto moral y objetivo; por el contrario, se equipara a cierta “buena fe” o “adecuada administración” y afines (acorde con los parámetros de eficacia y eficiencia) del Estado.

El derecho a la buena administración pública aún no está presente en los cuerpos normativos peruanos, pero sí en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional[1], que rige todos los poderes, órganos e instituciones administrativas o públicas de un Estado y su gobierno. No es exclusivo de los entes administrativos, sino que su atención está en los entes judicial y legislativo.

2.2.- El derecho a la  buena administración pública, el bien común y la legitimidad por el fin

¿Qué es el bien común? De acuerdo con el profesor Danilo Castellano, “el bien común es el bien propio de todo hombre en cuanto hombre y, por esto, bien común a todos los hombres. Un bien, pues, que no es público ni privado; un bien –además- que no viene dado por elementos o un conjunto de elementos exteriores al hombre, a veces extraños al hombre. Al contrario, es un bien intrínseco a la naturaleza del ser humano e inalienable. Es también el bien propio de la comunidad política, puesto que está constituida por hombres y otras sociedades humanas naturales (familia y sociedad civil) que existen en función de bienes del hombre pero que no se hallan en la condición de ayudar al hombre (cosa que la comunidad política hace principalmente con el ordenamiento jurídico justo) a conseguir el bien, que –por lo que respecta al tiempo- es la vida auténticamente humana, esto es, la vida conducida de conformidad con el orden natural propio del ser humano” (Castellano, 2013, pp. 24-25).

Al concebir este concepto de bien común, debemos partir por ese bien que es causa final de nuestras acciones. El bien es aquello a lo que todas las cosas tienden por naturaleza. La comunidad política es natural y no puede sino tener un fin natural; sin embargo, el bien propio (o propiamente humano) y el bien común coinciden en que es el mismo bien en el hombre y la ciudad. Este bien, siguiendo a Aristóteles, es la felicidad, pues, de acuerdo al filósofo político Leo Strauss “(l)a ciudad es una sociedad que comprende distintos tipos de sociedad más pequeñas y subordinadas; entre éstas, la familia o el hogar es la más importante. La ciudad es la sociedad superior y la más integral dado que apunta al bien superior y más integral que toda sociedad puede buscar. El bien superior es la felicidad. El bien superior de la ciudad es idéntico al bien superior del individuo. El núcleo de la felicidad es la práctica de la virtud y, en primer lugar, la virtud moral” (Strauss, 2006, p. 52). El hábito o disposición constante a realizar el bien es la virtud, y al ser bien también es fin de nuestra acciones. De allí que Aristóteles señale que el bien es lo que todos apetecen[2] y, según Santo Tomás, es apetecido por tener carácter de bien[3].

Ahora bien, siguiendo a Santo Tomás, el bien común tiene una dimensión inmanente y una dimensión trascendente. La primera se refiere a la mutua ayuda que existe entre los hombres y la vivencia en una comunidad política donde, en cumplimiento de sus derechos y obligaciones, debe establecerse el orden, la paz y la seguridad en justicia. Por otro lado, la dimensión trascendente del bien común reconoce a Dios como el bien supremo y el bien común universal (summum bonum et bonum commune). A Él se dirigen todas las criaturas racionales por su participación, imago Dei.

Por ello, el ser humano tiene una finalidad natural y sobrenatural o bienes propios que responden a su naturaleza y son constitutivos del bien común. Ellos son el bien propio de buscar el alimento y conservar el ser; el bien propio de la conservación de la especie humana[4]. De aquí también que podemos apreciar las inclinaciones naturales y los derechos naturales: vida, matrimonio y familia.

a) Primera crítica: la buena administración pública y el derecho a la vida

El bien común se conforma de bienes propiamente humanos (inclinaciones naturales o derechos naturales) que están presentes en el hombre per se. Uno de ellos es el derecho a la vida, a la existencia del ser humano, tan importante que condiciona el goce y ejercicio de los demás derechos naturales (libertad, integridad, culto religioso, etc.). Este bien propio permite al ser humano desarrollarse y realizarse hacia su perfección que requerirá conductas virtuosas de conservar su ser y respetar la vida de los demás en justicia.

En la actualidad, se pretende defender una legitimidad de la protección del derecho a la vida que no está en regular conductas justas en virtud de las inclinaciones naturales como fines naturales, sino en la mera libertad en clave de autonomía. Una libertad que no conoce verdad ni bien, y no está condicionada a la perfección; por el contrario, se sustenta únicamente en la voluntad o el poder de hacerlo sin más.

Esta libertad en el mero ejercicio es defendida por los promotores del aborto, la eutanasia, la eugenesia, la ideología de género y los derechos sexuales y reproductivos, a través de diferentes proyectos de ley o su aprobación misma, para después condicionar los actos administrativos de las instituciones públicas.
Por ejemplo, en el caso peruano, el Ministerio de Salud aceptó una sentencia del Poder Judicial que le ordena la distribución gratuita de la “píldora del día siguiente”, a sabiendas de que los laboratorios advierten su efecto abortivo.

La distribución de esa píldora obedece también al interés general de la salud pública (ajena a los bienes de la integridad moral y la integridad física) y se legitima únicamente porque emana de un órgano jurisdiccional (Poder Judicial) y ejecutoriado por un órgano administrativo (Ministerio de Salud); es decir, la legitimidad es por el ejercicio (autoridad o representatividad), donde se origina la decisión, mas no por el fin: la defensa del derecho a la vida (o conservación del ser).

b) Segunda crítica: la buena administración pública y el derecho al matrimonio y la familia

Una definición tradicional del matrimonio es la unión que forman un varón y una mujer, que en la complementariedad y distinción de los sexos, en la feminidad y la virilidad, está abierta a la procreación y educación de los hijos, y la ayuda mutua. Esta institución permite renovar las generaciones humanas para la perpetuidad de la especie y origina la familia nuclear.

En un Estado democrático y social de derecho abunda la posición pluralista y tolerante de la sociedad; es decir, la de valorar cualquier tipo de convivencia como igual a las demás (unión civil homosexual o “matrimonio” homosexual) y susceptible de derechos y obligaciones.

La legitimidad que se busca al regular este tipo de relaciones está en tutelar un interés individual o grupal para no ser discriminado socialmente, y quienes lo regularán serán los representantes políticos, a quienes se les traslada el ejercicio del poder político cuya titularidad reside en el pueblo soberano, donde están las parejas homoafectivas y demandantes de sus propios intereses, exigibles a funcionarios del registro civil, municipalidades y notarios públicos.

En un horizonte jurídico normativo, es deber del Estado que tutele en los padres el derecho implícito constitucional de determinar la educación moral (o filosófica) y religiosa de sus hijos. Aquí el Estado solo cumple una labor subsidiaria o secundaria. Por tanto, el Estado debe respetar y promover la identidad ética y espiritual del niño y su familia, y adecuar la formación educativa a ese derecho. Lo contrario es perjudicial para la unidad matrimonial y familiar, y la sociedad misma, pues generaría un Estado totalitario, promoviendo una ideología alejada de la realidad humana.

En este escenario, debemos advertir ya la ideología de género y el uso de la administración estatal de la educación para su difusión, porque este desconoce el derecho constitucional implícito escrito a favor de los padres y anula cualquier objeción de conciencia y desconoce la desobediencia civil (o derecho de resistencia) de los padres a respetar la identidad psicológica y biológica de sus hijos y la no separación entre estos por el "genero" o su "construcción social".

Este escenario sucede en el caso peruano. El Currículo Nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación, ajeno al bien común clásico e instaurador de un interés general a favor del interés particular o aspiraciones de una minoría contraria a la importancia matrimonial y familiar en la renovación generacional.

Por esto, el interés general es una noción subjetivista en el sendero del progreso indeterminado, que no tutela la realidad moral y religiosa de la comunidad humana.




[1] Puede consultarse la siguiente jurisprudencia constitucional peruana, que para el caso se entiende como principio constitucional implícito de buena administración: Exp. N° 02976-2012-AA y Exp. N° 04293-2012-PA/TC.
[2] Ética a Nicómaco, I, c.1, 1094ª3.
[3] Suma Teológica, I, q.6, ad 2m.
[4] Suma Teológica, I, q.60, a5, ad 1m.
Aristóteles, Ética a Nicómaco.
Castellano, D. (2013). ¿Qué es el bien común? En Ayuso, M. (editor). El Bien común. Cuestiones actuales e implicaciones político-jurídicas, Itinerarios. Madrid.
Corrêa, Plinio (2005). Revolución y Contra-Revolución. Asociación Tradición y Acción por un Perú Mayo. Lima.
García, V. (2005). Teoría del Estado y Derecho Constitucional, Lima. Palestra.
Hernando, E. (2002). Deconstruyendo la legalidad. Ensayos de teoría legal y teoría política. Lima. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.
Lancherros-Gámez, J. (2009). Del Estado liberal al Estado Constitucional. Implicaciones en la compresión de la dignidad humana. Dikaion, (18), 247-267.
Rodríguez, J. (2008). El derecho fundamental al buen gobierno y a la buena administración de instituciones públicas, Revista de Derecho Público, n° 113.
Rodríguez, J. (2010). El interés general como categoría central de la actuación de las administraciones públicas, Revista de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, n° 8.
Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica.
Strauss, L. (2006). La ciudad y el hombre. Buenos Aires. Katz.

jueves, 7 de julio de 2016

Las virtudes teologales en la senectud



Por: José Bellido


La sociedad actual, marcada por sus relaciones comerciales y de consumo, ha dejado a la deriva la importancia de lo verdadero, lo bueno y lo hermoso; es decir, la contemplación de nuestra vida y nuestra familia, y esta comunidad humana se olvida a nuestros primeros padres: nuestros ancianos.

¿Qué puede albergar el corazón de nuestros abuelos? El conocimiento que se adquiere en una vida que reflexiona constantemente sobre el pasado y se cobija en la esperanza de la Eternidad.

La Iglesia ha sido constante en sus enseñanzas sobre las virtudes teologales. Estos buenos hábitos donados desde el Cielo y presentes al final de nuestra vida son la fe, la esperanza y la caridad.

La fe en la senectud ve a Nuestro Señor Jesucristo vivo, la esperanza en la vejez contempla el Sepulcro Vacío y a Cristo resucitado, la caridad se manifiesta en el amor salvífico del Hijo que conduce al Padre y de la caridad entre sus criaturas predilectas sobre toda Su creación: los hombres.

La Iglesia católica ayuda a entender a nuestros ancianos que por el Bautismo «han sido sepultados con Cristo en la muerte, para que “así como Cristo ha resucitado de entre los muertos por el poder del Padre, así también [ellos] lleven una vida nueva” (Rom. 6, 4) (…)». Asimismo, la «esperanza, en efecto, hunde sus raíces en la fe en esa presencia del Espíritu de Dios, “que resucitó a Jesús de entre los muertos” y hará revivir nuestros cuerpos mortales (Rom. 8, 11)»[1].

¿Y la caridad? ¿Podemos decir que hoy la caridad (el amor) de nosotros hacia nuestros ancianos es permanente? La Iglesia no es ajena a la realidad de la sociedad: «En una sociedad donde reinan el egoísmo, el materialismo y el consumismo, y en la cual los medios de comunicación no contribuyen a disminuir la creciente soledad del hombre…»[2]; sin embargo, es la Iglesia, Madre y Maestra, quien nos recuerda que la «”caritas” cristiana se ha hecho cargo de sus necesidades, suscitando distintas obras al servicio de los ancianos, sobre todo gracias a la iniciativa y a la solicitud de las congregaciones religiosas y de las asociaciones de laicos»[3]. Además, el llamado no se agota en la comunidad cristiana, sino que alcanza a los «individuos, familias, asociaciones, gobiernos y organismos internacionales, según las competencias y deberes de cada cual y de acuerdo con el principio, tan importante, de subsidiariedad»[4].

San Juan Pablo II rescata en los ancianos su sabiduría, porque ellos son «depositarios de la memoria colectiva y, por eso, intérpretes privilegiados del conjunto de ideales y valores comunes que rigen y guían la convivencia social[5]». De aquí que el diálogo entre ancianos y jóvenes sean fructíferos, porque revela una mutua dependencia y a la necesaria solidaridad que une a las generaciones entre sí[6].

Por ello, nos dice el Santo Padre que «es propio de una civilización plenamente humana respetar y amar a los ancianos, porque ellos se sienten, a pesar del debilitamiento de las fuerzas, parte viva de la sociedad»[7], donde «valores como la gratuidad, la entrega, la compañía, la acogida y el respeto por los más débiles representan un desafío para quienes desean que se forme una nueva humanidad y, por tanto, también para los jóvenes[8]».


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[1] Pontificio Consejo para los laicos, La dignidad del anciano y su misión en la Iglesia y en el mundo.
[2] Pontificio Consejo para los laicos, op. cit.
[3] Ibíd.
[4] Ibíd.
[5] San Juan Pablo II, Carta a los ancianos, 10.
[6] Ibíd.
[7] Ibíd.
[8] Pontificio Consejo para los laicos, op. cit.

martes, 5 de julio de 2016

Crisis y política



Por: José Bellido Nina


La crisis y su origen

En la actualidad podemos apreciar una crisis en la moral y la religión cristiana que menoscaba la identidad y responsabilidad del católico en el espacio público, y la legitimidad de sus argumentos en un escenario plural y democrático: el relativismo gnoseológico y moral, y el laicismo político, cuyo origen es “el eclipse del sentido de Dios y del hombre, característico del contexto social y cultural dominado por el secularismo, (…) perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida”[1]. Esta crisis, creemos, embulle y aleja al católico del reconocimiento y defensa pública del orden natural vinculado a la vida, el matrimonio y la familia, querido por Dios, y de las acciones impostergables para que Cristo reine en el orden temporal, social y político.

Primera crisis: El relativismo gnoseológico y moral

En líneas generales, todo hombre por naturaleza anhela conocer la verdad, porque aprehende la naturaleza de las cosas y la naturaleza humana, debido a su capacidad de conocer la esencia de las cosas y del hombre, permitiéndole diferenciarlos por su individualidad y trascendencia.

En este horizonte, la persona humana orienta sus acciones a su ser (deber ser); es decir, adecuada a su naturaleza donde conoce, por rectitud de la razón natural, finalidades propiamente humanas. Así, nuestras acciones son buenas o malas conforme o no a las finalidades naturales y los principios de la Ley Natural. Por ejemplo, un precepto de esta ética universal es la conservación del ser, sea en el cuidado básico de la alimentación o la defensa de la vida (derecho a la vida) ante un peligro inminente (legítima defensa), pues anhelamos vivir y seguir viviendo. También es un fin natural el matrimonio (derecho al matrimonio) en la distinción y complementariedad del varón y la mujer, haciendo posible la continuidad de la especie humana y de futuros ciudadanos. Contrario a estas finalidades es la privación del otro al bien de la vida o las uniones heterosexuales.

Suprimir esta dimensión teleológica significa someter a la persona humana a un relativismo gnoseológico y moral, cuyo subjetivismo se vale de la política o el aparato estatal para una “reingeniería social”: aborto, ideología de género, “matrimonio” homosexual, derechos sexuales y reproductivos, eugenesia o eutanasia, contrarios al bien común.

Segunda crisis: el laicismo político 
                                  
La relación entre la política y la religión dio frutos prodigiosos al mundo, y la doctrina católica no avala su separación, porque la Historia atestigua que en la civilización cristiana se tutela el bien común, síntesis inmanente (mutua ayuda entre los hombres) y trascendente (vivencia de la fe cristiana en comunidad para la salvación); es decir, la alianza entre el Trono y el Altar.

En Occidente, el fundamento que evidencia una sana relación entre la religión y la política está en las palabras de Nuestro Señor Jesucristo ante la pregunta sobre a quién tributar: “lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios”[2]. Estas palabras fueron base para la concepción teológica social del Corpus Mysticum, vinculado a la vida virtuosa en la fe y la salvación de las almas, y aunado a la concepción organicista comunitaria del mundo clásico greco-romano, otorgando base a la Cristiandad o la armonía entre la auctoritas sagrada de los pontífices y la regalis potestas de los príncipes, en las que Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

El orden cristiano fue herido por tesis revolucionarias cargadas del orgullo que lleva al odio o negación del orden metafísico y religioso, propio del liberalismo; y la sensualidad, cuya rebeldía aboga por el igualitarismo contra toda ley divina, humana, eclesiástica o civil[3]. Es menester, por citar algunos, referirnos a Guillermo de Ockham y su nominalismo, la separación de la política y la religión en Marsilio de Padua y su Defensor Pacis, el pesimismo antropológico de Martín Lutero y su teoría de los dos reinos, el “iluminismo” de los enciclopedistas, o renacentistas y contractualistas como Maquiavelo, Hobbes, Rousseau o Locke, o a John Stuart Mill o Adam Smith en el confiado utilitarismo y el “sano” egoísmo, o el determinismo histórico e igualitarista de Marx, que configuraron el culto al hombre por las sendas del racionalismo y la autonomía de la voluntad, cuyas consecuencias generaron los totalitarismos del s. XX.

El laicismo político en nuestras días no hace más que seguir negando el ejercicio de la religión en el espacio público democrático y plural como derecho y deber de toda persona, y separa al Estado de la Iglesia; además, obliga a reducir la fe a la conciencia privada o, peor aún, es irrelevante en el debate público que motiva una decisión jurídica o política (ejecutiva, legislativa o judicial). De este modo, esta ideología proclama un escenario político neutral de toda religión o sin superstición; es decir, niega el dogma del Reinado Social de Cristo.

Una breve respuesta ante la crisis

¿Qué merito tiene un católico si no defiende la Verdad? Para nosotros ir contra corriente en un mundo laicista y secularizado es un imperativo impostergable, porque proclama incesantemente una vida Deus non daretur, como si Dios no existiera, y exige expulsarlo de la vida, del matrimonio, de la familia, de los colegios y demás organismos e instituciones.

Servir a la Verdad y defenderla es el comienzo para restaurar todas las cosas en Cristo (instaurare omnia in Cristo, expresa San Pío X). Fidelidad que descansa en las Cartas Encíclicas Immortale Dei del papa León XIII y Quas primas del papa Pío XI, que nos ayudan en la defensa de nuestro bien (la vida) y de las instituciones fundamentales (el matrimonio, la familia o el culto público) como valores[4] y principios[5] no negociables en el orden temporal, social y político, pues frente al agnosticismo y el relativismo escéptico “hay que observar que, si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia”[6].


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[1] San Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae, 21
[2] Mt. 22, 21; Mc. 12, 17; Lc. 20,25.
[3] Plinio Corrêa, Revolución y Contra-Revolución, Asociación Tradición y Acción por un Perú Mayor, Lima 2005, p. 31.
[4] El Papa Benedicto XVI, siguiendo a San Juan Pablo II, sustenta como valores fundamentales no negociables: “el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas”. Ver: Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum caritatis, 83.
[5] El Cardenal Joseph Ratzinger en su condición de Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se refiere a los principios éticos no negociables de la vida, el matrimonio, la familia, la educación de los hijos, entre otros, en la Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 3.
[6] San Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus annus, 46.

miércoles, 30 de marzo de 2016

El deber moral y católico de la coherencia en la actualidad



Por: José Bellido Nina


Ante el actual escenario electoral donde apreciamos diferentes propuestas para satisfacer las demandas sociales, encontramos también aquellas que colisionan con la conciencia del católico. Los principios o valores fundamentales, como la vida, el matrimonio y la familia, constituyen instituciones básicas de nuestra civilización, que claman una defensa impostergable en el espacio público, y cuya enseñanza reside en la Iglesia católica, Madre y Maestra, “experta en humanidad”[1].

De un tiempo a esta parte, los gérmenes del relativismo moral y religioso, así como el pluralismo y el liberalismo, han inventado un hombre ajeno a la búsqueda de la verdad y el bien, reduciendo sus facultades naturales a la experiencia sensible que le dan los sentimientos y las emociones inmediatas, renunciando al estudio trascendente y a la contemplación eterna.

Recordando a Donoso Cortés y su crítica al pensamiento moderno, el liberalismo no tiene noticias de Dios, ni del hombre; no conoce el bien ni el mal, porque carece de toda afirmación dogmática y por su horror a toda negación absoluta; fomenta la confusión por el diálogo y propaga el escepticismo[2].

No nos alejamos de la realidad cuando afirmamos que existen hombres que abdican a su conciencia cristiana[3] y se someten al desorden liberal envuelto por la novedad y el carisma político que traen estas elecciones. Frente a quienes difunden el engaño que merece una oposición por error declarado[4], es necesario recordar lo que enseña la Iglesia sobre las instituciones fundamentales de nuestra comunidad para el bien común frente a un espacio público secularizado y laicista.

Entonces, es importante reflexionar sobre la doctrina de Cristo y sus “enseñanzas sobre la necesidad y el valor de la vida espiritual, en la dignidad y la santidad de la vida humana, sobre el deber de la obediencia, en la base divina del gobierno humano, en el carácter sacramental del matrimonio y por consecuencia la santidad de la vida familiar (…) confiadas por Él a su Iglesia y a ella sola su custodia, y Él prometió que su ayuda nunca fallará (…) para la maestra infalible de sus doctrinas en cada siglo y ante todas las naciones…”[5].

Considerando los párrafos precedentes, creemos necesario realizar algunas notas sobre la doctrina católica en materia política y en defensa de la vida, el matrimonio y la familia ante la coyuntura electoral.


De la autoridad política y el Reinado Social de Cristo

Enseña el Papa León XIII que la Iglesia no desaprueba el gobierno de un solo hombre o de muchos si tal gobierno es justo y atiende a la común utilidad, pues “salvada la justicia, no está prohibida a los pueblos la adopción de aquel sistema de gobierno que sea más apto y conveniente a su manera de ser o a las instituciones y costumbres de sus mayores[6]; sin embargo, debemos reconocer que la doctrina católica pone en Dios, como un principio natural y necesario, el origen del poder político[7], porque “es la naturaleza misma, con mayor exactitud Dios, autor de la Naturaleza, quien manda que los hombres vivan en sociedad civil (…). Dios ha querido, por tanto, que en la sociedad civil haya quienes gobiernen a la multitud (…). Dios, creador y gobernador de todas las cosas, es el único que tiene este poder”[8]. Por ello, la autoridad política y su acción han de sujetarse al derecho natural, al derecho divino, como a la ley natural y la voluntad de Dios; de lo contrario no hay obediencia, porque la autoridad sin justicia es nula[9].

La enseñanza de León XIII guarda hermosa armonía con la doctrina del Papa Pío XI al expresar que el Reinado de Nuestro Señor Jesucristo no es solo espiritual, sino también temporal, porque “erraría gravemente el que negase a Cristo-Hombre el poder sobre todas las cosas humanas y temporales, puesto que el Padre le confirió un derecho absolutísimo sobre las cosas creadas, de tal suerte que todas están sometidas a su arbitrio”[10]; y en lo social, porque “Él es, en efecto, la fuente del bien público y privado (…). Él es sólo quien da la prosperidad y la felicidad verdadera, así a los individuos como a las naciones (…). No se nieguen, pues, los gobernantes de las naciones a dar por sí mismos y por el pueblo públicas muestras de veneración y de obediencia al imperio de Cristo si quieren conservar incólume su autoridad y hacer la felicidad y la fortuna de su patria”[11].

Siguiendo las enseñanzas de los romanos pontífices, la política tiene una relación perenne con la fe y moral cristiana; un constante vínculo entre el Estado y la Iglesia[12], cuyas autoridades y miembros, sujetos a la ley positiva, a la ley natural y a la ley divina, están llamadas a la obediencia a Dios por amor y sobre todas las cosas.

Son precisamente el orden temporal y el orden espiritual los que merecen una mayor atención en la actual coyuntura política, porque en el calor del debate político y la opinión pública, se busca agradar a los hombres y no a Dios, pregonando una responsabilidad social y política que se condensa en la obligatoriedad de elegir a un candidato ajeno a la doctrina católica (por ejemplo, agnósticos, laicistas, ateos, etc.), sin considerar las exigencias morales y religiosas de obedecer a Dios y a la Iglesia en defensa de valores[13] o principios[14] no negociables en la democracia, “porque conciernen a la condición natural y a la vocación integral de la persona humana. Al mismo tiempo son elementos constitutivos de la sociedad civil y de su ordenamiento jurídico”[15].

San Juan Pablo II expresó que: “La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica”. Asimismo, apreciar una auténtica democracia “es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana”. Y frente al agnosticismo y el relativismo escéptico “hay que observar que, si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia”[16]. Verdad última que es Dios presente en la conciencia del hombre por la ley natural que prescribe hacer el bien y evitar el mal; ser bueno y justo, propio en la naturaleza del hombre y según la naturaleza de las cosas.

Esta ley natural es universal: “En cuanto inscrita en la naturaleza racional de la persona, se impone a todo ser dotado de razón y que vive en la historia. (…) Pero, en la medida en que expresa la dignidad de la persona humana y pone la base de sus derechos y deberes fundamentales, la ley natural es universal en sus preceptos, y su autoridad se extiende a todos los hombres”[17].

La razón que conoce las inclinaciones naturales de nuestra naturaleza humana, prescribe que la realicemos porque están orientadas a nuestro fin, la perfección. Una inclinación debida es la conservación del ser, donde reconocemos el derecho a la vida en una relación de justicia. También la inclinación sexual y familiar, para la perpetuación de la especie humana, donde se fundamenta el derecho al matrimonio y la familia, así como los demás derechos y deberes entre padres e hijos.


Coyuntura electoral y el derecho a la vida

La tradición de la Iglesia siempre sostuvo que la vida humana debe ser protegida y favorecida desde la concepción como en las diversas etapas de su desarrollo[18]. Conscientes de que la ley natural está inscrita en nuestros corazones podemos descubrir “el valor sagrado de la vida humana desde su inicio hasta su término, y afirmar el derecho de cada ser humano a ver respetado totalmente este bien primario suyo. En el reconocimiento de este derecho se fundamenta la convivencia humana y la misma comunidad política. Los creyentes en Cristo deben, de modo particular, defender y promover este derecho…[19].

Es necesario, entonces, que el católico exprese una clara posición y defensa de este valor fundamental amenazado por distintas ideologías que niegan un orden social y político animado por la doctrina católica o a la luz del Evangelio, de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia; es decir, de un orden temporal querido por Dios. Bajo estas enseñanzas es que la conciencia cristiana debe guiar la acción política o encontrar coherencia entre el pensamiento católico y la acción.

Así, pues, el Cardenal Joseph Ratzinger nos brindó la Nota Doctrinal sobre el compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. En este documento resalta algunos principios de la conciencia cristiana que inspiran el compromiso social y político de los católicos en una sociedad democrática como la nuestra.

Por ello, ante las próximas elecciones presidenciales, del parlamento nacional y andino, y la amenaza que representan muchas agrupaciones políticas y sus candidatos contra la vida de la persona humana desde su concepción, enseña el cardenal Ratzinger que “la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral. Ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad”[20].

Debemos entender que un cristiano nunca puede conformarse a una ley inmoral en sí misma que haría lícito el aborto, pues un cristiano, “no puede ni participar en una campaña de opinión en favor de semejante ley, ni darle su voto, ni colaborar en su aplicación”[21], pues a partir de sus dimensiones humana y divina del hombre se entiende que posee una vocación eterna y llamado a compartir el amor de Dios, constituyendo el porqué del valor inviolable de la existencia humana[22].

Además, es ilícita “la regulación de los nacimientos, la interrupción directa del proceso generador ya iniciado y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas”[23].

La vida, como valor fundamental, constituye un principio moral que tutela la conservación del ser del concebido y una exigencia ética fundamental e irrenunciable que concierne al bien integral de la persona en un orden moral que es amenazado por el aborto[24]. En el aborto se prescinde de la solidaridad con el otro[25] o se “destruye la vida de un ser humano (…), el aborto se opone a la virtud de la justicia y viola directamente el precepto divino ´no matarás´”[26]. Aquí la “libertad exalta de modo absoluto al individuo, y no lo dispone a la solidaridad, a la plena acogida y al servicio del otro. (…) no se puede negar que semejante cultura de muerte, en su conjunto, manifiesta una visión de la libertad muy individualista, que acaba por ser la libertad de los ´más fuertes´ contra los débiles destinados a sucumbir”[27], alejándose de la verdad y la virtud.

La vida es el primer derecho de una persona humana, condición para todos los demás derechos, no siendo objeto de discriminación, pues la vida no pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública[28]; por el contrario, es importante restaurar la justicia, sobre todo combatir sus causas. “Esto comporta una acción política, y ello constituirá en particular el campo de la ley. Pero es necesario, al mismo tiempo, actuar sobre las costumbres, trabajar a favor de todo lo que puede ayudar a las familias, a las madres, a los niños”[29].

Finalmente, el aborto constituye un pecado y es gravemente inmoral, que nos recuerda las Sagradas Escrituras, pues existen “pecados que claman venganza ante la presencia de Dios”, incluido “en primer lugar, el homicidio voluntario”, incluido al niño por nacer[30].
                                                                               
                                                 
Coyuntura electoral, el matrimonio y la familia

Recordemos que en los años precedentes hubo un constante debate en la sociedad y el Poder Legislativo sobre la regulación de las uniones homosexuales, pretendiéndolas equiparar al matrimonio heterosexual. Si bien estas inmorales pretensiones fueron rechazadas en la Comisión de Justicia, nuevamente se presentan como propuestas políticas en el actual escenario electoral.

Enseña Pío XII que el matrimonio tiene como finalidad primaria a la procreación y educación de los hijos, y sus fines secundarios son el auxilio mutuo, el fomento del amor recíproco y la sedación de la concupiscencia[31]. Los esposos, por tanto, tienden a la comunión de sus seres para el mutuo perfeccionamiento personal, colaborando con Dios en la generación y educación de nuevas vidas; signo sacramental que se alcanza en los bautizados[32], demostrando sus aspectos unitivo y procreador[33].

Siguiendo la Nota Doctrinal, se aboga por una familia fundada en el matrimonio monógamo y heterosexual, señalando que no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni recibir reconocimiento legal. Asimismo, se reconoce un derecho inalienable de la libertad de los padres en la educación de sus hijos[34]

La familia “(…) se convierte en la primera e insustituible escuela de socialidad, ejemplo y estímulo para las relaciones comunitarias más amplias en un clima de respeto, justicia, diálogo y amor”[35].

Precisamente, la familia tiene una función social y política. La función social, sola o en sociedad, está en que pueden y deben por tanto dedicarse a muchas obras de servicio social, especialmente en favor de los pobres y de todas aquellas personas y situaciones, a las que no logra llegar la organización de previsión y asistencia de las autoridades públicas”, debitud exigida en la medida que los hijos crecen. Y en su intervención política “las familias deben ser las primeras en procurar que las leyes y las instituciones del Estado no sólo no ofendan, sino que sostengan y defiendan positivamente los derechos y los deberes de la familia”[36].  

Por otro lado, consideramos importante aún el carácter sacramental del matrimonio, porque “en primer lugar, se asignó a la sociedad conyugal una finalidad más noble y más excelsa que antes, porque se determinó que era misión suya no sólo la propagación del género humano, sino también la de engendrar la prole de la Iglesia, conciudadanos de los santos y domésticos de Dios, esto es, la procreación y educación del pueblo para el culto y religión del verdadero Dios y de Cristo nuestro Salvador (…). (E)n el matrimonio cristiano el contrato es inseparable del sacramento. Cristo Nuestro Señor, efectivamente, enriqueció con la dignidad de sacramento el matrimonio, y el matrimonio es ese mismo contrato, siempre que se haya celebrado legítimamente. Añádase a esto que el matrimonio es sacramento porque es un signo sagrado y eficiente de gracia y es imagen de la unión mística de Cristo con la Iglesia”[37].

Por este motivo, la Iglesia enseña cuáles son las actitudes ante el problema de las uniones homosexuales: “Desenmascarar el uso instrumental o ideológico que se puede hacer de esa tolerancia; afirmar claramente el carácter inmoral de este tipo de uniones; recordar al Estado la necesidad de contener el fenómeno dentro de límites que no pongan en peligro el tejido de la moralidad pública y, sobre todo, que no expongan a las nuevas generaciones a una concepción errónea de la sexualidad y del matrimonio, que las dejaría indefensas y contribuiría, además, a la difusión del fenómeno mismo. A quienes, a partir de esta tolerancia, quieren proceder a la legitimación de derechos específicos para las personas homosexuales convivientes, es necesario recordar que la tolerancia del mal es muy diferente a su aprobación o legalización”[38].

La ley civil no puede ser contraria a la ley moral que prescribe un orden natural que se manifiesta en la finalidad del matrimonio, unidad procreativa y unitiva, entre el varón y la mujer, porque las uniones homosexuales carecen de la dimensión conyugal necesaria para la formación de la familia y la supervivencia de la sociedad, siendo de eminente interés público por el que goza de reconocimiento institucional en favor del bien común[39]; sin embargo, es importante destacar que las personas con inclinaciones homosexuales debe ser tratadas con delicadeza y compasión, y animadas a la práctica de la castidad[40].

Anotamos también que estos comportamientos sexuales desordenados y reclamo como “derechos”, obedecen a la “ideología de género” como revolución antropológica y cultural, pues “la teoría de género en su forma subversiva que cree que la distinción entre hombre y mujer es pura construcción social, sirve de corpus ideológico a lobbies en materia de matrimonio y adopción de parte de parejas del mismo sexo. Se trata de un sistema de pensamiento y organización global de la sociedad que rechaza en general cuanto es dado por la naturaleza y en particular el cuerpo sexuado. El objetivo, militante y político, es rechazar la determinación biológica de la noción de sexo y de diferencia sexual”[41]. Así también el feminismo radical que subvierte los derechos y deberes de los padres en el matrimonio y la familia[42].

Finalmente, es importante entender que la Iglesia, Esposa de Cristo, tiene la misión de evangelizar y salvar almas como pescadora de hombres, guiándolos siempre a la Verdad y a la santidad, que comporta una rectitud en nuestros actos[43] guiados por las virtudes morales cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza) y las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad), que nos alejarán del sufrimiento eterno.

Nuestra oposición, entonces, es legítima y en justicia.            


Para terminar

La revolución contra la vida, el matrimonio y la familia parecen imparables; sin embargo, una mayor profundización sobre las ideas revolucionarías igualitarias y, especialmente, libertarias nos permite ver el drama que vive el hombre contemporáneo: el eclipse del sentido de Dios y del hombre, característico del contexto social y cultural dominado por el secularismo, (…) perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida”[44]. 

Estas acciones revolucionarias encuentran su justificación en las ideas del desarrollo, apelando al crecimiento de la materia y el abandono de los fundamentos morales y espirituales de una comunidad en sus valores e instituciones, que siendo básicos se conservan por la tradición y la defensa de un orden moral y cristiano.

Una sociedad que se sustrae a las leyes de la religión y de la verdadera justicia, tiene como ideal la acumulación de riquezas, y como ley el insaciable deseo de satisfacer la indómita concupiscencia del espíritu sirviendo tan solo a sus propios placeres e intereses[45].

Esta errónea justificación no es legítima; por el contrario, “la única solución del problema consiste en un desarrollo económico y social que conserve y aumente los verdaderos bienes del individuo y de toda la sociedad. Tratándose de esta cuestión hay que colocar en primer término cuanto se refiere a la dignidad del hombre en general y a la vida del individuo, a la cual nada puede aventajar”[46].

Ante la anomia, el deber de la Iglesia, que apreciamos en los documentos pontificios y el dicasterio, está en iluminar uno de los aspectos más importantes de la unidad de vida que nos caracteriza como cristianos: “La coherencia entre fe y vida, entre evangelio y cultura”[47].

Por tanto, un “error grande y de muy graves consecuencias es excluir a la Iglesia, obra del mismo Dios, de la vida social, de la legislación, de la educación de la juventud y de la familia”[48], porque la fe católica “es de tal índole y naturaleza, que nada se le puede añadir ni quitar: o se profesa por entero o se rechaza por entero”[49].






[1] Fueron las palabras del Papa Pablo VI al visitar la Organización de las Naciones Unidas en 1965, muchas veces recordadas, entre otros, por San Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Ex corde ecclesiae.
[2] DONOSO CORTÉS, Juan. Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, Espasa-Calpe, Madrid 1973, pp. 122-123.
[3] El Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, expresó, en una carta dirigida a los obispos de EE.UU. sobre los políticos que apoyan el aborto, que: “Un católico sería culpable de cooperación formal en el mal, y tan indigno para presentarse a la Sagrada Comunión, si deliberadamente votara a favor de un candidato precisamente por la postura permisiva del candidato respecto del aborto y/o la eutanasia”, considerando ese apoyo como pecado. Por otra parte: “Cuando un católico no comparte la posición a favor del aborto o la eutanasia de un candidato, pero vota a favor de ese candidato por otras razones, esto es considerado una cooperación material remota, la cual puede ser permitida ante la presencia de razones proporcionales".
[4] Pío IX, Per Tristissima. Carta a los miembros del Circulo San Ambrosio de Milán, sobre sobre las doctrinas "católico-liberales", 1873.
[5] Pío XI, Carta Encíclica Urbi arcano Dei consilio, 41.
[6] León XIII, Carta Encíclica Diuturnum illud, 4.
[7] Ibíd., 3.
[8] Ibíd., 7.
[9] Ibíd., 11.
[10] Pío XI, Carta Encíclica Quas primas, 15.
[11] Ibíd., 16.
[12] Los católicos reconocemos que la Iglesia y el Estado son sociedades perfectas y distintas entre sí, pero no separadas. Pío X expresó la gravedad que significa separar al Estado y la Iglesia: “Esta tesis es contraria igualmente al orden sabiamente establecido por Dios en el mundo, orden que exige una verdadera concordia y armonía entre las dos sociedades; porque la sociedad religiosa y la civil se componen de unos mismos individuos, por más que cada una ejerza, en su esfera propia, su autoridad sobre ellos, resultando de aquí que existen materias en las que deben concurrir una y otra, por ser de la incumbencia de ambas. Roto el acuerdo entre el Estado y la Iglesia, surgirán graves diferencias en la apreciación de las materias de que hablamos, se obscurecerá la noción de lo verdadero, y la duda y la ansiedad acabarán por enseñorearse de todos los espíritus”. Ver Pío X, Carta Encíclica Vehementer nos, 7.
[13] El Papa Benedicto XVI, siguiendo a San Juan Pablo II, sustenta como valores fundamentales no negociables: “el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas”. Ver: Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum caritatis, 83.
[14] El Cardenal Joseph Ratzinger en su condición de Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se refiere a los principios éticos no negociables de la vida, el matrimonio, la familia, la educación de los hijos, entre otros, en la Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 3. Un artículo al respecto fue escrito por Monseñor Giampaolo Crepaldi. Ver: CREPALDI, Giampaolo. Los principios no negociables de Benedicto XVI y el compromiso que exigen de católicos y laicos, en CREPALDI, Giampaolo, FONTANA, Stefano y Ugarte, Manuel (editores). Ideología de género y naturaleza humana. Cuarto Informe sobre la Doctrina Social de la Iglesia en el mundo, Fondo Editorial Universidad Católica San Pablo, Arequipa 2013, pp. 131-137.
[15] Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum vitae sobre el respeto a la vida humana naciente y la dignidad de la procreación.
[16] Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus annus, 46.
[17] Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis Splendor, 51.
[18] Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre el aborto, 6.
[19] Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae, 2.
[20] Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 4.
[21] Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre el aborto, 22.
[22] Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Dignitas Personae sobre algunas cuestiones de bioética, 8.
[23] Ibíd., 14.
[24] Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 4.
[25] Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae, 12. Este documento ahonda también sobre otros atentados a la vida como la eutanasia, las técnicas de reproducción artificial o los diagnósticos prenatales.
[26] Ibíd., 13.
[27] Ibíd., 19.
[28] Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre el aborto, 11.
[29] Ibíd., 26.
[30] Juan Pablo II, op. cit., 9 y 58.
[31] Pío XI, Carta Encíclica Casti Connnubii, 6-11, 22.
[32] Pablo VI, Carta Encíclica Humanae vitae, 8.
[33] Ibíd., 12.
[34] Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 4.
[35] Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Familiaris consortio, 43.
[36] Ibíd., 44.
[37] León XIII, Carta Encíclica Arcanum divinae sapientae, 8 y 12.
[38] Congregación para la Doctrina de la Fe, Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, 5.
[39] Ibíd., 6-9.
[40] Catecismo de la Iglesia Católica, 2357.
[41] MONTFORT, Elízabeth. El concepto de género en la sociedad posmoderna, en CREPALDI, Giampaolo, FONTANA, Stefano y Ugarte, Manuel (editores). Ideología de género y naturaleza humana. Cuarto Informe sobre la Doctrina Social de la Iglesia en el mundo, Fondo Editorial Universidad Católica San Pablo, Arequipa 2013, p. 110.
[42] Un documento pontificio que aborda la importancia del hombre y mujer, distintos y complementarios, es la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, de Juan Pablo II. También puede revisarse la Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la iglesia y el mundo.
[43] “Ahora bien, la razón testimonia que existen objetos del acto humano que se configuran como no-ordenables a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona, creada a su imagen. Son los actos que, en la tradición moral de la Iglesia, han sido denominados intrínsecamente malos («intrinsece malum»): lo son siempre y por sí mismos, es decir, por su objeto, independientemente de las ulteriores intenciones de quien actúa, y de las circunstancias”. Ver Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis splendor, 80.
[44] Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae, 21.
[45] Pío IX, Carta Encíclica Quanta Cura, 5.                                                            
[46] Juan XXIII, Carta Encíclica Mater et Magistra, 192.
[47] Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 9.
[48] León XIII, Carta Encíclica Immortale Dei, 15.
[49] Benedicto XV, Carta Encíclica Ad Beatissimi Apostolorum.