miércoles, 30 de marzo de 2016

El deber moral y católico de la coherencia en la actualidad



Por: José Bellido Nina


Ante el actual escenario electoral donde apreciamos diferentes propuestas para satisfacer las demandas sociales, encontramos también aquellas que colisionan con la conciencia del católico. Los principios o valores fundamentales, como la vida, el matrimonio y la familia, constituyen instituciones básicas de nuestra civilización, que claman una defensa impostergable en el espacio público, y cuya enseñanza reside en la Iglesia católica, Madre y Maestra, “experta en humanidad”[1].

De un tiempo a esta parte, los gérmenes del relativismo moral y religioso, así como el pluralismo y el liberalismo, han inventado un hombre ajeno a la búsqueda de la verdad y el bien, reduciendo sus facultades naturales a la experiencia sensible que le dan los sentimientos y las emociones inmediatas, renunciando al estudio trascendente y a la contemplación eterna.

Recordando a Donoso Cortés y su crítica al pensamiento moderno, el liberalismo no tiene noticias de Dios, ni del hombre; no conoce el bien ni el mal, porque carece de toda afirmación dogmática y por su horror a toda negación absoluta; fomenta la confusión por el diálogo y propaga el escepticismo[2].

No nos alejamos de la realidad cuando afirmamos que existen hombres que abdican a su conciencia cristiana[3] y se someten al desorden liberal envuelto por la novedad y el carisma político que traen estas elecciones. Frente a quienes difunden el engaño que merece una oposición por error declarado[4], es necesario recordar lo que enseña la Iglesia sobre las instituciones fundamentales de nuestra comunidad para el bien común frente a un espacio público secularizado y laicista.

Entonces, es importante reflexionar sobre la doctrina de Cristo y sus “enseñanzas sobre la necesidad y el valor de la vida espiritual, en la dignidad y la santidad de la vida humana, sobre el deber de la obediencia, en la base divina del gobierno humano, en el carácter sacramental del matrimonio y por consecuencia la santidad de la vida familiar (…) confiadas por Él a su Iglesia y a ella sola su custodia, y Él prometió que su ayuda nunca fallará (…) para la maestra infalible de sus doctrinas en cada siglo y ante todas las naciones…”[5].

Considerando los párrafos precedentes, creemos necesario realizar algunas notas sobre la doctrina católica en materia política y en defensa de la vida, el matrimonio y la familia ante la coyuntura electoral.


De la autoridad política y el Reinado Social de Cristo

Enseña el Papa León XIII que la Iglesia no desaprueba el gobierno de un solo hombre o de muchos si tal gobierno es justo y atiende a la común utilidad, pues “salvada la justicia, no está prohibida a los pueblos la adopción de aquel sistema de gobierno que sea más apto y conveniente a su manera de ser o a las instituciones y costumbres de sus mayores[6]; sin embargo, debemos reconocer que la doctrina católica pone en Dios, como un principio natural y necesario, el origen del poder político[7], porque “es la naturaleza misma, con mayor exactitud Dios, autor de la Naturaleza, quien manda que los hombres vivan en sociedad civil (…). Dios ha querido, por tanto, que en la sociedad civil haya quienes gobiernen a la multitud (…). Dios, creador y gobernador de todas las cosas, es el único que tiene este poder”[8]. Por ello, la autoridad política y su acción han de sujetarse al derecho natural, al derecho divino, como a la ley natural y la voluntad de Dios; de lo contrario no hay obediencia, porque la autoridad sin justicia es nula[9].

La enseñanza de León XIII guarda hermosa armonía con la doctrina del Papa Pío XI al expresar que el Reinado de Nuestro Señor Jesucristo no es solo espiritual, sino también temporal, porque “erraría gravemente el que negase a Cristo-Hombre el poder sobre todas las cosas humanas y temporales, puesto que el Padre le confirió un derecho absolutísimo sobre las cosas creadas, de tal suerte que todas están sometidas a su arbitrio”[10]; y en lo social, porque “Él es, en efecto, la fuente del bien público y privado (…). Él es sólo quien da la prosperidad y la felicidad verdadera, así a los individuos como a las naciones (…). No se nieguen, pues, los gobernantes de las naciones a dar por sí mismos y por el pueblo públicas muestras de veneración y de obediencia al imperio de Cristo si quieren conservar incólume su autoridad y hacer la felicidad y la fortuna de su patria”[11].

Siguiendo las enseñanzas de los romanos pontífices, la política tiene una relación perenne con la fe y moral cristiana; un constante vínculo entre el Estado y la Iglesia[12], cuyas autoridades y miembros, sujetos a la ley positiva, a la ley natural y a la ley divina, están llamadas a la obediencia a Dios por amor y sobre todas las cosas.

Son precisamente el orden temporal y el orden espiritual los que merecen una mayor atención en la actual coyuntura política, porque en el calor del debate político y la opinión pública, se busca agradar a los hombres y no a Dios, pregonando una responsabilidad social y política que se condensa en la obligatoriedad de elegir a un candidato ajeno a la doctrina católica (por ejemplo, agnósticos, laicistas, ateos, etc.), sin considerar las exigencias morales y religiosas de obedecer a Dios y a la Iglesia en defensa de valores[13] o principios[14] no negociables en la democracia, “porque conciernen a la condición natural y a la vocación integral de la persona humana. Al mismo tiempo son elementos constitutivos de la sociedad civil y de su ordenamiento jurídico”[15].

San Juan Pablo II expresó que: “La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica”. Asimismo, apreciar una auténtica democracia “es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana”. Y frente al agnosticismo y el relativismo escéptico “hay que observar que, si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia”[16]. Verdad última que es Dios presente en la conciencia del hombre por la ley natural que prescribe hacer el bien y evitar el mal; ser bueno y justo, propio en la naturaleza del hombre y según la naturaleza de las cosas.

Esta ley natural es universal: “En cuanto inscrita en la naturaleza racional de la persona, se impone a todo ser dotado de razón y que vive en la historia. (…) Pero, en la medida en que expresa la dignidad de la persona humana y pone la base de sus derechos y deberes fundamentales, la ley natural es universal en sus preceptos, y su autoridad se extiende a todos los hombres”[17].

La razón que conoce las inclinaciones naturales de nuestra naturaleza humana, prescribe que la realicemos porque están orientadas a nuestro fin, la perfección. Una inclinación debida es la conservación del ser, donde reconocemos el derecho a la vida en una relación de justicia. También la inclinación sexual y familiar, para la perpetuación de la especie humana, donde se fundamenta el derecho al matrimonio y la familia, así como los demás derechos y deberes entre padres e hijos.


Coyuntura electoral y el derecho a la vida

La tradición de la Iglesia siempre sostuvo que la vida humana debe ser protegida y favorecida desde la concepción como en las diversas etapas de su desarrollo[18]. Conscientes de que la ley natural está inscrita en nuestros corazones podemos descubrir “el valor sagrado de la vida humana desde su inicio hasta su término, y afirmar el derecho de cada ser humano a ver respetado totalmente este bien primario suyo. En el reconocimiento de este derecho se fundamenta la convivencia humana y la misma comunidad política. Los creyentes en Cristo deben, de modo particular, defender y promover este derecho…[19].

Es necesario, entonces, que el católico exprese una clara posición y defensa de este valor fundamental amenazado por distintas ideologías que niegan un orden social y político animado por la doctrina católica o a la luz del Evangelio, de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia; es decir, de un orden temporal querido por Dios. Bajo estas enseñanzas es que la conciencia cristiana debe guiar la acción política o encontrar coherencia entre el pensamiento católico y la acción.

Así, pues, el Cardenal Joseph Ratzinger nos brindó la Nota Doctrinal sobre el compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. En este documento resalta algunos principios de la conciencia cristiana que inspiran el compromiso social y político de los católicos en una sociedad democrática como la nuestra.

Por ello, ante las próximas elecciones presidenciales, del parlamento nacional y andino, y la amenaza que representan muchas agrupaciones políticas y sus candidatos contra la vida de la persona humana desde su concepción, enseña el cardenal Ratzinger que “la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral. Ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad”[20].

Debemos entender que un cristiano nunca puede conformarse a una ley inmoral en sí misma que haría lícito el aborto, pues un cristiano, “no puede ni participar en una campaña de opinión en favor de semejante ley, ni darle su voto, ni colaborar en su aplicación”[21], pues a partir de sus dimensiones humana y divina del hombre se entiende que posee una vocación eterna y llamado a compartir el amor de Dios, constituyendo el porqué del valor inviolable de la existencia humana[22].

Además, es ilícita “la regulación de los nacimientos, la interrupción directa del proceso generador ya iniciado y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas”[23].

La vida, como valor fundamental, constituye un principio moral que tutela la conservación del ser del concebido y una exigencia ética fundamental e irrenunciable que concierne al bien integral de la persona en un orden moral que es amenazado por el aborto[24]. En el aborto se prescinde de la solidaridad con el otro[25] o se “destruye la vida de un ser humano (…), el aborto se opone a la virtud de la justicia y viola directamente el precepto divino ´no matarás´”[26]. Aquí la “libertad exalta de modo absoluto al individuo, y no lo dispone a la solidaridad, a la plena acogida y al servicio del otro. (…) no se puede negar que semejante cultura de muerte, en su conjunto, manifiesta una visión de la libertad muy individualista, que acaba por ser la libertad de los ´más fuertes´ contra los débiles destinados a sucumbir”[27], alejándose de la verdad y la virtud.

La vida es el primer derecho de una persona humana, condición para todos los demás derechos, no siendo objeto de discriminación, pues la vida no pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública[28]; por el contrario, es importante restaurar la justicia, sobre todo combatir sus causas. “Esto comporta una acción política, y ello constituirá en particular el campo de la ley. Pero es necesario, al mismo tiempo, actuar sobre las costumbres, trabajar a favor de todo lo que puede ayudar a las familias, a las madres, a los niños”[29].

Finalmente, el aborto constituye un pecado y es gravemente inmoral, que nos recuerda las Sagradas Escrituras, pues existen “pecados que claman venganza ante la presencia de Dios”, incluido “en primer lugar, el homicidio voluntario”, incluido al niño por nacer[30].
                                                                               
                                                 
Coyuntura electoral, el matrimonio y la familia

Recordemos que en los años precedentes hubo un constante debate en la sociedad y el Poder Legislativo sobre la regulación de las uniones homosexuales, pretendiéndolas equiparar al matrimonio heterosexual. Si bien estas inmorales pretensiones fueron rechazadas en la Comisión de Justicia, nuevamente se presentan como propuestas políticas en el actual escenario electoral.

Enseña Pío XII que el matrimonio tiene como finalidad primaria a la procreación y educación de los hijos, y sus fines secundarios son el auxilio mutuo, el fomento del amor recíproco y la sedación de la concupiscencia[31]. Los esposos, por tanto, tienden a la comunión de sus seres para el mutuo perfeccionamiento personal, colaborando con Dios en la generación y educación de nuevas vidas; signo sacramental que se alcanza en los bautizados[32], demostrando sus aspectos unitivo y procreador[33].

Siguiendo la Nota Doctrinal, se aboga por una familia fundada en el matrimonio monógamo y heterosexual, señalando que no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni recibir reconocimiento legal. Asimismo, se reconoce un derecho inalienable de la libertad de los padres en la educación de sus hijos[34]

La familia “(…) se convierte en la primera e insustituible escuela de socialidad, ejemplo y estímulo para las relaciones comunitarias más amplias en un clima de respeto, justicia, diálogo y amor”[35].

Precisamente, la familia tiene una función social y política. La función social, sola o en sociedad, está en que pueden y deben por tanto dedicarse a muchas obras de servicio social, especialmente en favor de los pobres y de todas aquellas personas y situaciones, a las que no logra llegar la organización de previsión y asistencia de las autoridades públicas”, debitud exigida en la medida que los hijos crecen. Y en su intervención política “las familias deben ser las primeras en procurar que las leyes y las instituciones del Estado no sólo no ofendan, sino que sostengan y defiendan positivamente los derechos y los deberes de la familia”[36].  

Por otro lado, consideramos importante aún el carácter sacramental del matrimonio, porque “en primer lugar, se asignó a la sociedad conyugal una finalidad más noble y más excelsa que antes, porque se determinó que era misión suya no sólo la propagación del género humano, sino también la de engendrar la prole de la Iglesia, conciudadanos de los santos y domésticos de Dios, esto es, la procreación y educación del pueblo para el culto y religión del verdadero Dios y de Cristo nuestro Salvador (…). (E)n el matrimonio cristiano el contrato es inseparable del sacramento. Cristo Nuestro Señor, efectivamente, enriqueció con la dignidad de sacramento el matrimonio, y el matrimonio es ese mismo contrato, siempre que se haya celebrado legítimamente. Añádase a esto que el matrimonio es sacramento porque es un signo sagrado y eficiente de gracia y es imagen de la unión mística de Cristo con la Iglesia”[37].

Por este motivo, la Iglesia enseña cuáles son las actitudes ante el problema de las uniones homosexuales: “Desenmascarar el uso instrumental o ideológico que se puede hacer de esa tolerancia; afirmar claramente el carácter inmoral de este tipo de uniones; recordar al Estado la necesidad de contener el fenómeno dentro de límites que no pongan en peligro el tejido de la moralidad pública y, sobre todo, que no expongan a las nuevas generaciones a una concepción errónea de la sexualidad y del matrimonio, que las dejaría indefensas y contribuiría, además, a la difusión del fenómeno mismo. A quienes, a partir de esta tolerancia, quieren proceder a la legitimación de derechos específicos para las personas homosexuales convivientes, es necesario recordar que la tolerancia del mal es muy diferente a su aprobación o legalización”[38].

La ley civil no puede ser contraria a la ley moral que prescribe un orden natural que se manifiesta en la finalidad del matrimonio, unidad procreativa y unitiva, entre el varón y la mujer, porque las uniones homosexuales carecen de la dimensión conyugal necesaria para la formación de la familia y la supervivencia de la sociedad, siendo de eminente interés público por el que goza de reconocimiento institucional en favor del bien común[39]; sin embargo, es importante destacar que las personas con inclinaciones homosexuales debe ser tratadas con delicadeza y compasión, y animadas a la práctica de la castidad[40].

Anotamos también que estos comportamientos sexuales desordenados y reclamo como “derechos”, obedecen a la “ideología de género” como revolución antropológica y cultural, pues “la teoría de género en su forma subversiva que cree que la distinción entre hombre y mujer es pura construcción social, sirve de corpus ideológico a lobbies en materia de matrimonio y adopción de parte de parejas del mismo sexo. Se trata de un sistema de pensamiento y organización global de la sociedad que rechaza en general cuanto es dado por la naturaleza y en particular el cuerpo sexuado. El objetivo, militante y político, es rechazar la determinación biológica de la noción de sexo y de diferencia sexual”[41]. Así también el feminismo radical que subvierte los derechos y deberes de los padres en el matrimonio y la familia[42].

Finalmente, es importante entender que la Iglesia, Esposa de Cristo, tiene la misión de evangelizar y salvar almas como pescadora de hombres, guiándolos siempre a la Verdad y a la santidad, que comporta una rectitud en nuestros actos[43] guiados por las virtudes morales cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza) y las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad), que nos alejarán del sufrimiento eterno.

Nuestra oposición, entonces, es legítima y en justicia.            


Para terminar

La revolución contra la vida, el matrimonio y la familia parecen imparables; sin embargo, una mayor profundización sobre las ideas revolucionarías igualitarias y, especialmente, libertarias nos permite ver el drama que vive el hombre contemporáneo: el eclipse del sentido de Dios y del hombre, característico del contexto social y cultural dominado por el secularismo, (…) perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida”[44]. 

Estas acciones revolucionarias encuentran su justificación en las ideas del desarrollo, apelando al crecimiento de la materia y el abandono de los fundamentos morales y espirituales de una comunidad en sus valores e instituciones, que siendo básicos se conservan por la tradición y la defensa de un orden moral y cristiano.

Una sociedad que se sustrae a las leyes de la religión y de la verdadera justicia, tiene como ideal la acumulación de riquezas, y como ley el insaciable deseo de satisfacer la indómita concupiscencia del espíritu sirviendo tan solo a sus propios placeres e intereses[45].

Esta errónea justificación no es legítima; por el contrario, “la única solución del problema consiste en un desarrollo económico y social que conserve y aumente los verdaderos bienes del individuo y de toda la sociedad. Tratándose de esta cuestión hay que colocar en primer término cuanto se refiere a la dignidad del hombre en general y a la vida del individuo, a la cual nada puede aventajar”[46].

Ante la anomia, el deber de la Iglesia, que apreciamos en los documentos pontificios y el dicasterio, está en iluminar uno de los aspectos más importantes de la unidad de vida que nos caracteriza como cristianos: “La coherencia entre fe y vida, entre evangelio y cultura”[47].

Por tanto, un “error grande y de muy graves consecuencias es excluir a la Iglesia, obra del mismo Dios, de la vida social, de la legislación, de la educación de la juventud y de la familia”[48], porque la fe católica “es de tal índole y naturaleza, que nada se le puede añadir ni quitar: o se profesa por entero o se rechaza por entero”[49].






[1] Fueron las palabras del Papa Pablo VI al visitar la Organización de las Naciones Unidas en 1965, muchas veces recordadas, entre otros, por San Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Ex corde ecclesiae.
[2] DONOSO CORTÉS, Juan. Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, Espasa-Calpe, Madrid 1973, pp. 122-123.
[3] El Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, expresó, en una carta dirigida a los obispos de EE.UU. sobre los políticos que apoyan el aborto, que: “Un católico sería culpable de cooperación formal en el mal, y tan indigno para presentarse a la Sagrada Comunión, si deliberadamente votara a favor de un candidato precisamente por la postura permisiva del candidato respecto del aborto y/o la eutanasia”, considerando ese apoyo como pecado. Por otra parte: “Cuando un católico no comparte la posición a favor del aborto o la eutanasia de un candidato, pero vota a favor de ese candidato por otras razones, esto es considerado una cooperación material remota, la cual puede ser permitida ante la presencia de razones proporcionales".
[4] Pío IX, Per Tristissima. Carta a los miembros del Circulo San Ambrosio de Milán, sobre sobre las doctrinas "católico-liberales", 1873.
[5] Pío XI, Carta Encíclica Urbi arcano Dei consilio, 41.
[6] León XIII, Carta Encíclica Diuturnum illud, 4.
[7] Ibíd., 3.
[8] Ibíd., 7.
[9] Ibíd., 11.
[10] Pío XI, Carta Encíclica Quas primas, 15.
[11] Ibíd., 16.
[12] Los católicos reconocemos que la Iglesia y el Estado son sociedades perfectas y distintas entre sí, pero no separadas. Pío X expresó la gravedad que significa separar al Estado y la Iglesia: “Esta tesis es contraria igualmente al orden sabiamente establecido por Dios en el mundo, orden que exige una verdadera concordia y armonía entre las dos sociedades; porque la sociedad religiosa y la civil se componen de unos mismos individuos, por más que cada una ejerza, en su esfera propia, su autoridad sobre ellos, resultando de aquí que existen materias en las que deben concurrir una y otra, por ser de la incumbencia de ambas. Roto el acuerdo entre el Estado y la Iglesia, surgirán graves diferencias en la apreciación de las materias de que hablamos, se obscurecerá la noción de lo verdadero, y la duda y la ansiedad acabarán por enseñorearse de todos los espíritus”. Ver Pío X, Carta Encíclica Vehementer nos, 7.
[13] El Papa Benedicto XVI, siguiendo a San Juan Pablo II, sustenta como valores fundamentales no negociables: “el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas”. Ver: Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum caritatis, 83.
[14] El Cardenal Joseph Ratzinger en su condición de Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se refiere a los principios éticos no negociables de la vida, el matrimonio, la familia, la educación de los hijos, entre otros, en la Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 3. Un artículo al respecto fue escrito por Monseñor Giampaolo Crepaldi. Ver: CREPALDI, Giampaolo. Los principios no negociables de Benedicto XVI y el compromiso que exigen de católicos y laicos, en CREPALDI, Giampaolo, FONTANA, Stefano y Ugarte, Manuel (editores). Ideología de género y naturaleza humana. Cuarto Informe sobre la Doctrina Social de la Iglesia en el mundo, Fondo Editorial Universidad Católica San Pablo, Arequipa 2013, pp. 131-137.
[15] Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum vitae sobre el respeto a la vida humana naciente y la dignidad de la procreación.
[16] Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus annus, 46.
[17] Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis Splendor, 51.
[18] Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre el aborto, 6.
[19] Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae, 2.
[20] Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 4.
[21] Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre el aborto, 22.
[22] Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Dignitas Personae sobre algunas cuestiones de bioética, 8.
[23] Ibíd., 14.
[24] Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 4.
[25] Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae, 12. Este documento ahonda también sobre otros atentados a la vida como la eutanasia, las técnicas de reproducción artificial o los diagnósticos prenatales.
[26] Ibíd., 13.
[27] Ibíd., 19.
[28] Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre el aborto, 11.
[29] Ibíd., 26.
[30] Juan Pablo II, op. cit., 9 y 58.
[31] Pío XI, Carta Encíclica Casti Connnubii, 6-11, 22.
[32] Pablo VI, Carta Encíclica Humanae vitae, 8.
[33] Ibíd., 12.
[34] Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 4.
[35] Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Familiaris consortio, 43.
[36] Ibíd., 44.
[37] León XIII, Carta Encíclica Arcanum divinae sapientae, 8 y 12.
[38] Congregación para la Doctrina de la Fe, Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, 5.
[39] Ibíd., 6-9.
[40] Catecismo de la Iglesia Católica, 2357.
[41] MONTFORT, Elízabeth. El concepto de género en la sociedad posmoderna, en CREPALDI, Giampaolo, FONTANA, Stefano y Ugarte, Manuel (editores). Ideología de género y naturaleza humana. Cuarto Informe sobre la Doctrina Social de la Iglesia en el mundo, Fondo Editorial Universidad Católica San Pablo, Arequipa 2013, p. 110.
[42] Un documento pontificio que aborda la importancia del hombre y mujer, distintos y complementarios, es la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, de Juan Pablo II. También puede revisarse la Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la iglesia y el mundo.
[43] “Ahora bien, la razón testimonia que existen objetos del acto humano que se configuran como no-ordenables a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona, creada a su imagen. Son los actos que, en la tradición moral de la Iglesia, han sido denominados intrínsecamente malos («intrinsece malum»): lo son siempre y por sí mismos, es decir, por su objeto, independientemente de las ulteriores intenciones de quien actúa, y de las circunstancias”. Ver Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis splendor, 80.
[44] Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae, 21.
[45] Pío IX, Carta Encíclica Quanta Cura, 5.                                                            
[46] Juan XXIII, Carta Encíclica Mater et Magistra, 192.
[47] Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 9.
[48] León XIII, Carta Encíclica Immortale Dei, 15.
[49] Benedicto XV, Carta Encíclica Ad Beatissimi Apostolorum.

domingo, 20 de diciembre de 2015

La familia ante el progreso de las naciones



Por: José Bellido Nina


La doctrina social de la Iglesia reconoce a la familia «[…] como la primera sociedad natural, titular de derechos propios y originarios, y la sitúa en el centro de la vida social […]» (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005). La familia, que es fruto de la unidad matrimonial y cuyas finalidades son la procreación y educación de los hijos, y la ayuda mutua (Pío XII, 1930), animada por el amor conyugal, tiene una misión impostergable e irremplazable: la continuidad de la especie humana. Por esta comunidad de personas es que la familia «[…] se convierte en la primera e insustituible escuela de socialidad, ejemplo y estímulo para las relaciones comunitarias más amplias en un clima de respeto, justicia, diálogo y amor». En esta unidad, los hijos (futuros ciudadanos) aprehenden los principios, costumbres, virtudes o valores que animan su identidad, pertenencia y responsabilidad con su espacio social y cultural, realizándose y desarrollando sus capacidades anímicas y corporales.

Así, concebimos a la familia como el núcleo doméstico y primigenio de formación en virtudes morales y teologales. Consideramos en ella una dimensión ética y espiritual básica para la identidad y el mundo simbólico civilizado mediante la palabra y la acción. Luego, en este escenario cultural, podemos entrever una dimensión material que sostiene al progreso, valiéndose de herramientas científicas y tecnológicas que concretarán los ideales comunitarios. Esta identidad edifica la patria, comunidad de tradiciones e ideales, y la voluntad común de una Nación que las recuerda para realizarlas o superarlas en el futuro (Belaúnde, 1965). La familia y Nación responden a la dimensión comunitaria del ser humano; es decir, al hombre como ser relacional y no aislado.

Por otro lado, creemos que el progreso responde «[…] al modelo cultural que privilegia el bienestar material de la sociedad por medio del dominio y la explotación racional de la naturaleza, esto es, la civilización moderna» (Estenós, 2008). La Modernidad inventó, confiada en la razón y la autonomía de la voluntad, un proceso de secularización (o descristianización), erigiendo una sociedad animada por las relaciones económicas que procuran un bien-estar inmediato o útil para el hombre. Si bien estas ideas buscaban cierta unidad basada en lo económico, pronto serían superadas (o abandonadas) en la posmodernidad o mediante «[…] fenómenos con un evidente trasfondo relativista y subjetivista, que prescinde del fundamento metafísico para la vida humana en general, y del cual a la desesperación y el sinsentido solo hay un paso […]» (Garzón, 2004). Precisamente, en la posmodernidad no existe fundamento, sino “bienes” y “verdades” cuantas personas existan. Siguiendo esta perspectiva, la dimensión ética y espiritual no existe más que como alegoría a un pasado mítico.

Ahora, advertimos dos hechos del progreso que atentan contra la unidad familiar y nacional. Primero, el progreso tecnológico para la proliferación de las imágenes y el entretenimiento. Aquí podemos encontrar las tecnologías que privilegian la imagen y menoscaban la palabra (escrita o hablada) que edifica el mundo simbólico de una Nación; es decir, «[…] la palabra es un “símbolo” que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace entender (…). Por el contrario, la imagen es pura y simple representación visual. La imagen se ve y es suficiente […]» (Sartori, 2012). Este mal provoca incultura en la familia, principalmente en el niño, porque solo verá, pero no entenderá. Se pierde el sentido de la vida (propia y comunitaria) que parte de las costumbres, tradiciones e ideales que forman la dimensión ética y espiritual de una Nación. Por tanto, si no hay sentido en las cosas, no vale la pena defenderlas, ni realizarlas. La patria y la Nación se convierten en conceptos vacíos, donde solo importa la satisfacción emocional (sensible) y la acumulación material para su logro. No nos extraña por qué la excesiva dependencia del televisor y los smartphones, que priva de un espacio relacional o comunicacional en la familia.  Además, olvidamos la cultura como cultivo de la mente en la virtud cívica para una responsabilidad también cívica o una educación basada en las letras, mediante el estudios de las ciencias y las artes liberales, que son bienes para alma y el cuerpo (Strauss, 2007).

Un segundo hecho, es el progreso tecnológico para el control biológico del ser humano. Con esto nos referimos a la visión que considera a la persona humana como “objeto” de laboratorio; es decir, niega los fines naturales intrínsecos a su naturaleza humana (dignidad) y sus derechos (p.e. la vida y el matrimonio); por el contrario, «[s]olo aparece, en cambio la misma vida como objeto de reflexión moral, en el momento en que se sabe con certeza que el ser humano dispone de los medios técnicos suficientes para actuar sobre ella sin atender a su finalidad intrínseca, como algo dado e inmodificable, sino pudiéndole imponer otros fines determinados arbitrariamente por la voluntad humana […]» (Morandé, 1999). Esto es evidente por sus consecuencias, como el atentando contra su vida (el aborto y el uso de anticonceptivos), su herencia genética (eugenesia), su identidad psico-somática (mutilaciones, mal llamadas “cambio de sexo”), o la eutanasia (privación del derecho y deber a la asistencia médica). Estas acciones niegan la continuidad de la vida y la identidad cultural, imprescindibles para una Nación, pues la continuidad de una cultura necesita de una renovación constante de sus miembros o una responsabilidad intergeneracional que actualice la cultura. Basta indagar como en Europa la tasa de natalidad se redujo y la de mortandad se elevó, motivando migraciones masivas de otras culturas (causas laborales o supervivencia) y poniendo la suya en riesgo ("Allahu Akbar"). Este hecho motiva un debate público sobre la bioética y la biojurídica que reconozca el fundamento antropológico del Derecho.

Con lo escrito queremos hacer énfasis en que la dimensión ética y espiritual, base de toda cultura o Nación, guía y juzga el progreso y sus instrumentos tecnológicos (dimensión material), sin perder de vista que la persona humana es sujeto de derechos y deberes en su comunidad. Es menester, entonces, que no exista una posición ajena sobre el progreso, sino un análisis y crítica constante de cara a la verdad y nuestro bien; es decir, el progreso material que parte desde una perspectiva individual actual hacia un estado de bienestar caracterizado por el placer, el tener o el poder absolutizado, sea objeto de una crítica constante que lo contraponga con una visión conjunta de desarrollo integral, que acoge el sentido de comunidad, sin abandonar la dimensión ética y espiritual necesarias para la familia y la Nación.

En este  horizonte, la encíclica Populorum Progressio (Pablo VI, 1967), advierte sobre las necesidades de las personas, las familias y las naciones, y realiza un llamamiento «[…] para una acción concreta en favor del desarrollo integral del hombre y del desarrollo solidario de la humanidad», que busque un nuevo humanismo para pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. «Más humanas: el remontarse de la miseria a la posesión de lo necesario […], la ampliación de los conocimientos, la adquisición de la cultura. Más humanas también: la cooperación en el bien común, la voluntad de paz. […] Más humanas, por fin y especialmente: la fe, don de Dios acogido por la buena voluntad de los hombres, y la unidad de la caridad de Cristo […]». Además, Sollicitudo Rei Socialis (Juan Pablo II, 1987) expresa que «[…] el desarrollo debe realizarse en el marco de la solidaridad y de la libertad, sin sacrificar nunca la una a la otra bajo ningún pretexto. El carácter moral del desarrollo y la necesidad de promoverlo son exaltados cuando se respetan rigurosamente todas las exigencias derivadas del orden de la verdad y del bien propio de la creatura humana. […] En otras palabras, el verdadero desarrollo debe fundarse en el amor a Dios y al prójimo, y favorecer las relaciones entre los individuos y las sociedades», renunciando a ser esclavos de una civilización del consumo y exigiendo que el orden interno de una Nación respete la vida y la familia. Algo ya recalcado en Evangelium Vitae (Juan Pablo II, 1995), que defiende un igual derecho a la vida de los seres humanos. «Esta igualdad es la base de toda auténtica relación social que, para ser verdadera, debe fundamentarse sobre la verdad y la justicia, reconociendo y tutelando a cada hombre y a cada mujer como persona y no como una cosa de la que se puede disponer».

Apreciamos que los Pontífices destacan la verdad y el bien del hombre, desde su existencia, poniendo énfasis en lo moral y lo espiritual necesarios para toda familia y Nación que se conduzcan en las sendas del progreso hacia un desarrollo integral y pleno del propio hombre en la cultura.

Los católicos no debemos abandonar estas enseñanzas, sino profundizar en ellas; reconociendo y defendiendo una civilización cristiana.


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Morandé, P. (1999). Vida y persona en la posmodernidad. En Scola, A. ¿Qué es la vida? La bioética al debate. Arequipa: Universidad Católica San Pablo.

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