sábado, 19 de diciembre de 2015

Doctrina católica y administración pública



Por: José Bellido Nina


¿Qué testimonio y enseñanza imparte la doctrina social de la Iglesia católica a nuestras autoridades políticas? Que la persona humana es un ser religioso y político por naturaleza, a quien se exige una obediencia a las normas del orden temporal y orden espiritual. La legitimidad que encuentra un presidente regional o alcalde, será en la medida que respete un orden natural en el desarrollo social. San Pablo enseñaba en sus oraciones por los gobernantes que la autoridad política debe garantizar “una vida pacífica y tranquila, que trascurra con toda piedad y dignidad”.

La virtud de la justicia y la prudencia, como la búsqueda de la verdad, serán elementos claves para establecer políticas públicas y una base para el acceso a la información del ciudadano. El diálogo entre gobernantes y gobernados da frutos cuando se persigue el bien común, como el conjunto de condiciones necesarias para que la persona humana se realice. En este horizonte, la administración pública tiene como fin servir al ciudadano. Deber moral inspirado en que la comunidad política tiene su fundamento en la dignidad humana y la protección de los derechos y deberes del hombre.

Qué tan importante resulta esta enseñanza cuando observamos los graves problemas en educación, salud, transporte y ordenamiento territorial. El liderazgo para corregirlo amerita exaltar y reconocer las cualidades del alma en los hombres indicados. Es más, la Iglesia nos enseña a oponernos a la “burocratización excesiva” que socava la administración pública, sujetada al funcionalismo impersonal e intereses privados. La corrupción que genera es la deformación más grave del sistema democrático, al destruir la amistad, confianza y solidaridad de las relaciones humanas e institucionales. Y los latentes conflictos sociales y las cuestionadas contrataciones estatales terminan negando la justicia social para quien necesita.

Gran testimonio de vida es el mártir santo Tomás Moro. Él no renunció al deber de custodiar la fe y la tradición católica en la función pública contra el anglicanismo que le exigía obediencia al apóstata Enrique VIII. Él nos enseñó que: “El hombre no puede ser separado de Dios, ni la política de la moral”.

En la doctrina católica, la misión del político es concebir la política como deber cristiano y la administración pública como “ayuda solícita al ciudadano, ejercitada con espíritu de servicio”.

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