miércoles, 20 de julio de 2011

Opinión pública y seriedad requerida



José Bellido Nina


Si bien la democracia moderna no es igual a la democracia de los antiguos griegos. Podemos rescatar de ellos la unidad que mantenían en la polis, una comunidad política connatural al polites, en ella los hombres libres podían realizarse virtuosamente, dedicándose a la política y a la filosofía en búsqueda de la buena vida. Un espíritu común de ética-política sustentado en la amistad. El kratos residía en los miembros del demos, haciendo de su participación importante, porque la polis vive en el ciudadano y viceversa.

La democracia moderna, democracia liberal, defiende las libertades del individuo frente al soberano, lo que originó también la lucha contra la monarquía. Sumado a la tesis de que el poder que mantenía el soberano le era conferido en ejercicio, no en titularidad. Así, aparecen dos figuras. La primera, translatio imperii, en la que el pueblo hacía una transferencia irrevocable del poder al soberano; la segunda, concessio imperii, la transmisión del poder del pueblo al soberano sólo es de ejercicio, mas no de titularidad, por tanto el titular seguía siendo el pueblo[1].

Con esta referencia, se comenzó a reconocer una democracia participativa (directa) y una democracia representativa (indirecta). La primera, elige a quienes los representará, el medio por excelencia es el voto; la segunda, tiene el deber de realizar decisiones políticas en bien de la sociedad. Constituyéndose  que el poder originariamente reside en el pueblo y la legitimación que se da al representante reside en la opinión pública, “un público, o una multiplicidad de públicos, cuyo estados mentales difusos (opiniones) interactúan con los flujos de información sobre el estado de la cosa pública”[2]. Es notorio que la opinión pública ha de ser difusa, puesto que la información que se aloja en cada ciudadano es variable y hasta contradictoria, resultado que se obtiene por la falta de discernimiento y certeza sobre lo que se decide y a quien beneficia o afecta: la dignidad de la persona. 

Esta forma de gobierno tiene como contenido explícito a los derechos naturales (derechos fundamentales o derechos humanos). Sólo en su reconocimiento se da fundamento y límites al régimen; o sea, se legitima las decisiones del gobernante y gobernados. En especial cuando estos últimos han pasado a tener una actividad más protagónica como colegisladores; sin embargo, muchas de las acciones se sustentan aún en opiniones, haciendo de la democracia participativa ambigua y volátil.

Frente este panorama, es necesario que los ciudadanos a la hora de decidir tengan conocimiento de la excelencia de la persona como fin en sí mismo y su realización, en la dignidad humana.

La seriedad requerida está en la decisión que se refleja como una acción buena y justa, y descarta fehacientemente “derechos” de corte relativista. Una seriedad que justifica la rehabilitación de la racionalidad política clásica.




[1] SARTORI, Giovanni, Elementos de teoría política, Alianza Editorial, Madrid 1992, p. 35
[2] Ibíd., p. 151.

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