Errante Senda

La doctrina social de la Iglesia reconoce a la familia «[…] como la primera sociedad natural, titular de derechos propios y originarios, y la sitúa en el centro de la vida social […]» (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005). La familia, que es fruto de la unidad matrimonial y cuyas finalidades son la procreación y educación de los hijos, y la ayuda mutua (Pío XII, 1930), animada por el amor conyugal, tiene una misión impostergable e irremplazable: la continuidad de la especie humana. Por esta comunidad de personas es que la familia «[…] se convierte en la primera e insustituible escuela de socialidad, ejemplo y estímulo para las relaciones comunitarias más amplias en un clima de respeto, justicia, diálogo y amor» . En esta unidad, los hijos (futuros ciudadanos) aprehenden los principios, costumbres, virtudes o valores que animan su identidad, pertenencia y responsabilidad con su espacio social y cultural, realizándose y desarrollando sus capacidades anímicas y corporales.

¿Qué testimonio y enseñanza imparte la doctrina social de la Iglesia católica a nuestras autoridades políticas? Que la persona humana es un ser religioso y político por naturaleza, a quien se exige una obediencia a las normas del orden temporal y orden espiritual. La legitimidad que encuentra un presidente regional o alcalde, será en la medida que respete un orden natural en el desarrollo social. San Pablo enseñaba en sus oraciones por los gobernantes que la autoridad política debe garantizar “una vida pacífica y tranquila, que trascurra con toda piedad y dignidad” . La virtud de la justicia y la prudencia, como la búsqueda de la verdad, serán elementos claves para establecer políticas públicas y una base para el acceso a la información del ciudadano. El diálogo entre gobernantes y gobernados da frutos cuando se persigue el bien común, como el conjunto de condiciones necesarias para que la persona humana se realice. En este horizonte, la administración pública tiene como fin